La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha admitido a trámite la denuncia de una empresa lucense distribuidora de bebidas contra Coca-Cola. Y eso porque entiende el regulador que la multinacional podría estar incurriendo desde hace años en varias ilegalidades. La primera, obligar a las distribuidoras como la denunciante —Dislugo— a vender sus refrescos a un precio determinado a los bares y restaurantes y no permitirles comprar a terceros, porque se arriesgan a que les cancelan el contrato. Sin embargo, la marca vende directamente a supermercados o grandes superficies a un precio menor «y cuando los distribuidores oficiales de Coca-Cola ofrecemos las latas o botellas se nos cae la cara de vergüenza porque el hostelero compra más barato en el supermercado», explica José Luis Rodríguez, propietario de Dislugo.
Otra de las vulneraciones de la ley en las que estaría incurriendo Coca-Cola es delimitarles el territorio de venta. Y otra, recortarles las comisiones pactadas de modo unilateral, lo que para empresas pequeñas como Dislugo ha supuesto pérdidas superiores a 50.000 euros en menos de dos años.
José Luis Rodríguez explica que presentó la denuncia hace ya 27 meses y aunque se la aceptaron, ahora la demora en investigar y, en su caso, sancionar a la multinacional y a su filial coruñesa (con la que él negoció) se está prolongando.
Motivo que lo ha llevado incluso a publicar recientemente un libro titulado Mi lucha contra Coca-Cola, en el que relata su caso y experiencias parecidas que han vivido otros empresarios.
Fuente: LaVozdeGalicia
