La reforma de la ley de defensa de los consumidores adapta la legislación española a la directiva europea de 2011 que regula el comercio electrónico y las contrataciones realizadas a distancia, bien por teléfono o por Internet. El texto, entre otras cosas, obliga a ampliar la información que las empresas deben facilitar antes de formalizar un contrato o venta —eliminando la letra pequeña—, extiende el derecho a renunciar o desistir del contrato de siete días hábiles actuales a 14 días naturales y establece que el comprador tendrá que aceptar el precio final antes de que concluya la transacción para evitar cargos encubiertos.
Fuente. ElPaís
